El derecho a la participación está reconocido en la Convención sobre los Derechos del
Niño, ratificada en 1990 por Argentina y con rango constitucional desde 1994. Además, a
nivel nacional el derecho a la participación está estipulado en normativas como la Ley de
Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 26.061, el Código Civil (2015), la Ley Nacional de Centros de Estudiantes 26.887 (2013), y la Ley 26.744 de Ciudadanía Argentina (2012), que amplia el derecho al voto desde los 16 años. No obstante, la
habilitación de leyes que favorezcan la participación no garantiza su efectivo cumplimiento
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